¿SI EL POLICIA ARMA LAS BANDAS QUE DEBEMOS HACER ?

Cada 24 horas se abre un sumario

Preocupa el aumento de la corrupción en la Federal

Hay policías procesados por secuestros, robos y cohecho

Protección y connivencia con delincuentes, liberar la zona para que se cometan delitos, integrar bandas de secuestradores o robar a mano armada y exigirles dinero a los comerciantes a cambio de brindarles seguridad. Todos esos delitos ocurridos en el último año tuvieron como protagonistas a miembros de la Policía Federal.
Los casos de corrupción en esa fuerza de seguridad parecen estar fuera de control. En promedio, cada 24 horas se abre un expediente interno contra un miembro de la Policía Federal por cometer alguna "falta administrativa grave", denominación reglamentaria de lo que para la Justicia son delitos castigados con altas penas de prisión.
Así lo informó a LA NACION una fuente con acceso a los expedientes de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal. "Si continúa la proyección actual, antes de diciembre habrá más de 300 sumarios abiertos", agregó.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, del que depende la fuerza policial, ante una consulta de LA NACION, sostuvo que "cada vez que se ha detectado alguna irregularidad ha sido la Superintendencia de Asuntos Internos la que ha hecho la denuncia correspondiente. Se ha depurado bastante. Es la propia fuerza la que investiga".
El 20 de abril del año pasado, LA NACION había publicado que en los primeros 120 días de 2009 se habían abierto 120 sumarios por faltas administrativas del personal policial. Las estadísticas sostienen que la proyección no se logró modificar, pero sí se empeoraron los motivos de las aperturas de los expedientes. "Este año hablamos, en promedio, de un policía sumariado por día por faltas administrativas graves, es decir, delitos que deberían combatir", explicó el informante.
Después de una compleja investigación, el fiscal federal Federico Delgado elevó a juicio un expediente en virtud del cual se desbarató una banda de secuestradores, integrada por uniformados de la comisaría 44a. y barrabravas del club Vélez Sarsfield. Siete serán los policías que serán enjuiciados.
El mismo fiscal, en abril pasado, denunció una presunta connivencia entre personal de la comisaría 24a, en La Boca, y vendedores de droga, y con personas que exigen dinero a cambio de estacionar el automóvil.
El fiscal Delgado también acusó a la comisaría 21a., con jurisdicción en la zona del shopping Alto Palermo, por no investigar los delitos que ocurren en el barrio. Acusó de falta de colaboración con la Justicia a la cúpula de la seccional policial.
El 2 de julio pasado, el juez de instrucción porteño Carlos Bruniard procesó a nueve policías acusados de integrar una asociación ilícita que, entre otras cuestiones, les habría exigido dinero a comerciantes de Villa Urquiza y de Saavedra a cambio de brindarles seguridad. La investigación fue realizada por el fiscal José María Campagnoli, que insistió ante la Cámara del Crimen en que los sospechosos fueran apresados ante la gravedad de los hechos investigados.
Con una picana portátil En otro juzgado de instrucción porteño, a cargo del magistrado Mariano Scotto, se investiga a nueve uniformados de la comisaría 23a. por apremios ilegales. Entre los imputados, hay una oficial ayudante acusada de obtener una confesión de un sospechoso a través del paso de corriente eléctrica con una picana portátil.
Desde marzo pasado se investiga a un subcomisario y a su chofer, que se desempeñaban en la comisaría 5a., por su presunta participación en el denominado "robo del milenio", hecho en el que un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad del Banco Macro, de Callao al 200.
A pesar de que la fiscal de instrucción porteña Viviana Fein solicitó las indagatorias y detenciones de ambos policías, el fiscal Mauricio Zamudio nunca hizo lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal.
"Existe lo que llamamos un «gerenciamiento del delito». Esto significa que, a pesar de que en la jurisdicción de la comisaría existen hechos que están a la vista de todos, la policía sólo cumple el rito de informar al juez que no hubo avances y que la investigación fue negativa. Entonces, dejan «trabajar» a los delincuentes y empieza la connivencia", explicó a LA NACION un fiscal con muchos años de experiencia en los tribunales porteños.
Y agregó: "Con las denuncias se puede advertir cuáles son las zonas calientes pero, después, la policía no detiene a nadie".
En una fiscalía federal porteña se apartó en varios casos a uniformados de la Federal ante el poco avance de las investigaciones, y se pidió colaboración a otras fuerzas de seguridad, como la Prefectura Naval o la flamante Policía Metropolitana, que "terminaron siendo mucho más eficaces", según dijo el funcionario judicial a cargo.
Es más: en un expediente que investigaba esa fiscalía, en una escucha telefónica se advirtió que un policía federal avisaba a un imputado que estaban por realizarle un allanamiento.
Otro investigador de una fiscalía porteña manifestó a LA NACION que no tiene dudas de que muchos casos de corrupción dentro de la fuerza se hacen para recaudar, no sólo para beneficio del jefe de la seccional policial, sino también para sus superiores.
"En una escucha telefónica de una causa por la que se investiga a varios policías por corrupción, uno de los uniformados, que terminó procesado, le dijo a su interlocutor: «Parece que al jefe [por un comisario que también fue procesado] le van a dar un número [de comisaría] mejor; se portó bien». Todo indica que «portarse bien» significa ?haber repartido correctamente la recaudación ilegal´".
Respecto de las sospechas judiciales sobre una "caja negra" de recaudación, el ministro Alak afirmó a LA NACION: "Si los fiscales tienen esa percepción, deberían investigar. Ese es su trabajo". Las respuestas sobre temas policiales siempre provienen del poder político. El jefe de la fuerza, Néstor Vallecca, nunca responde los llamados de LA NACION.
Otro fiscal fue escéptico: "Se puede solucionar el problema de la corrupción en la Policía Federal, para lo cual hay que tener una decisión política bien firme".
Gabriel Di Nicola
LA NACION 

Elevación a juicio El fiscal federal Federico Delgado elevó a juicio la causa en la que hay siete uniformados acusados de integrar una banda de secuestradores.
Denuncia contra dos comisarías El fiscal federal Federico Delgado denunció a la comisaría 24a. por connivencia con delincuentes y, a la 21a, por no colaborar con la investigación de delitos.
Asociación ilícita El fiscal imputó por corrupción a la cúpula de la comisaría 49a.
Que investiguen El ministro de Justicia dijo que, si los fiscales tienen sospechas, que investiguen.
"La seguridad es un derecho humano"

• La diputada nacional Elisa Carrió sostuvo ayer que "la seguridad es un derecho humano fundamental" y reclamó una "política de Estado" en esa materia. Según declaraciones que formuló a la agencia DyN: "La seguridad es parte del derecho a la vida y del derecho a poder caminar sin que te maten. En la Argentina -dijo- nadie se quiere hacer responsable de lo que le toca. El Gobierno es irresponsable en materia de seguridad y no le preocupa la violación de ese derecho humano fundamental. No nos podemos quedar sólo con la explicación de que el origen de la inseguridad son las profundas diferencias sociales".