Veintitres
Giro en el triple crimen de la planta transmisora de La Plata
El enemigo en casa
Hay todavía ingenuos que no lo creen,pero los que absuelven o condenan son los policías que cocinan el sumario en la comisarìa...
Escenas. El lugar del crimen, una semana antes de las elecciones de 2007.
Según estudios de ADN, el hijo de un agente penitenciario estuvo en el lugar. La confesión filmada de un policía, como prueba. Y la hipótesis de la “desestabilización”.
Por Lucas Cremades
Pocas tramas de asesinatos con hipótesis variadas de encubrimientos y pistas falsas se recuerdan tanto como el ocurrido contra los policías bonaerenses Alejandro Vatalaro, Pedro Díaz y Ricardo Torres Barboza, ultimados por medio de cuchillazos y armas de fuego 9 milímetros como las que usa la Policía Bonaerense. Ahora, después de hipótesis que incluyeron el crimen pasional y la detención de varios barrabravas, la causa experimentó un giro inesperado: la participación de dos hijos de agentes de fuerzas de seguridad en el sangriento hecho.
Corría octubre del 2007. Faltaba una semana para las elecciones presidenciales que terminaría ganando la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el tema ocupaba la agenda diaria de todos los medios de comunicación. Pero todo cambió en la madrugada del 19 de octubre, cuando los cuerpos inertes de los tres agentes que cumplían su custodia diaria en la planta de telecomunicaciones en las afueras de la ciudad evidenciaron la saña y la alevosía con la que habían sido rematados mientras estaban durmiendo. A raíz del crimen, los discursos proselitistas del arco opositor al gobierno de Néstor Kirchner buscaron reinstalar el terror mediante la sensación de inseguridad. Y la investigación del triple crimen comenzó a tejer una de las historias más enigmáticas de los últimos tiempos.
En un principio, los móviles y las causas del sangriento episodio, a cargo del juez de Garantías César Melazo, encontraron asidero en la hipótesis pasional planteada por la fiscal Leyla Aguilar. Durante cinco meses, la pista apuntó a Leandro Colucci, empleado del Ministerio de Desarrollo Humano, como un hombre despechado contra su ex, Noelia D’Eramo –también policía–, que habría estado relacionada con Vatalaro. La mujer recibió varios mensajes de texto cuando aún estaban velando a los policías y la noticia no había trascendido: “¿Qué te pasa, loca? ¿Te acuchillaron al nene?”, decía uno. “No te lo acuchillé tanto –agregaba otro–. Y un tiro en la nuca.” Los mensajes de texto, aportados por la ex novia en una denuncia, el dato de que un auto blanco muy parecido al Corsa de Colucci se habría detenido en la puerta de la planta y la existencia de un testigo que realizó un identikit del conductor –idéntico a Colucci– fueron los elementos de los que se valió la fiscal para mandar a prisión durante un par de semanas al supuesto autor de los homicidios.
Por motivos no establecidos, la causa pasó a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien rápidamente le dio otra orientación: narcotráfico. Un testigo se presentó a la Justicia diciendo haber presenciado una reunión en la que había escuchado que una banda mixta de policías y barrabravas habían ido a la planta a robar armas y drogas ocultas allí. La investigación del fiscal Romero duró dos años y posibilitó la orden de detención de Juan Pablo “Papupa” Córdoba, barrabrava de Gimnasia y Esgrima de La Plata, su hermano Juan Pablo (aún prófugo), Miguel Tobar, Pablo Cepeda, Héctor Rivero y Edgardo Zúcaro. También, del policía bonaerense Marcos Casetti, compañero de las víctimas asesinadas (el día del crimen le tocaba el turno mañana). Gracias a estas detenciones, el fiscal Romero pudo cerrar la causa y enviarla a juicio oral.
En el 2009, el triple crimen volvería a dar que hablar. Un video obtenido a través de una “cámara lapicera” mostró al ex policía Casetti en la unidad penitenciaria Nº 9 contando con lujo de detalles cómo había masacrado a sus compañeros de la planta transmisora para robar armas con el plan de usarlas en un atentado contra el entonces ministro de Seguridad, León Arslanian, a una semana de las elecciones. El autor de la grabación fue el también policía Raúl Barnes. Aún hoy no se ha podido establecer cómo llegó a estar alojado durante más de quince días en la misma celda que Casetti. En el video, Barnes le pregunta a Casetti por los planes que supuestamente tenía con Fernando Maciel y Mariano Medina, ambos de 26 años, para poner una bomba en el Ministerio de Seguridad. Maciel es hijo de un comisario, y Medina, de un agente penitenciario. “Fuimos con dos chabones. Dos psicópatas. Uno de ellos militaba en una agrupación de izquierda. Fuimos a robar”, responde Casetti. Aunque el fiscal Romero rechazó las imágenes como prueba, dictó el procesamiento de Barnes, pero esa acusación no prosperó y fue sobreseído.
No conforme con la pesquisa –que estaba a cargo de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), bajo las órdenes del fiscal Romero–, el abogado de “Papupa” Córdoba, Alejandro Montone, pidió que el contenido del video fuera investigado por otra fiscalía. Así fue como la UFIC (Unidad Funcional de Instrucciones Complejas) tomó intervención y ordenó hace poco más de un mes un operativo para retirar muestras de pelos y otros elementos en los domicilios de Maciel y Medina, para realizar análisis de ADN y cotejarlos con la escena del crimen. Los resultados obtenidos imprimieron otro giro a la causa al establecer un 99,98 por ciento de coincidencia con el perfil genético de Maciel. La teoría planteada por el SPB, que involucraba a los barras, fue desechada.
Con estos elementos, la Cámara Penal de La Plata ordenó la liberación de los cinco barras detenidos por falta de pruebas. En cambio, mantuvo en prisión al ex policía Casetti: sus huellas aparecieron en un perfumero hallado en la camioneta policial con la que se escaparon los autores del asesinato. Como si esto fuera poco, el día posterior al crimen, el ex policía denunció la pérdida de su arma reglamentaria, la cual coincide con las balas utilizadas para ultimar a sus tres compañeros.
El pasado viernes 26 de noviembre, mientras ordenaban liberar a los barras, la UFIC pidió la detención de Maciel y de Medina: este último, además de haber mantenido conversaciones por celular con Casetti en las horas previas al crimen, nunca pudo acreditar dónde se encontraba durante la noche sangrienta.
Una vez dictadas las órdenes, libradas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, Maciel y Medina se dieron a la fuga. Al cierre de esta edición eran intensamente buscados.
Con estos argumentos, la Cámara apartaría de la causa al juez Melazo por sostener durante más de tres años una hipótesis falsa, manteniendo a personas inocentes privadas de su libertad.
Fuentes del juzgado que entienden en esta nueva causa relatan que, entre tantas hipótesis investigadas, nadie se anima aún a descartar nada.
A Casetti, que tiene un padre ex policía y un hermano en la fuerza, la pesquisa lo encasilla en el anarquismo. De la casa de Maciel secuestraron una libreta que decía, entre otras cosas: “El gobierno es una mierda, y su herramienta para ejercer su poder es la Policía, lo cual es una mierda, porque le gusta golpear y matar como parte de su trabajo”. Además, fuentes vinculadas a la UFIC sostienen que Maciel, por la cercanía con militantes sociales propia de su trabajo, podría ser el vínculo con Colucci y los otros dos acusados.
Con demasiadas manos en un mismo plato y luego de tres años de investigaciones paralelas, nadie en los pasillos del juzgado de garantías de Masi se anima a asegurar cómo terminará el enigma. Según las fuentes judiciales, “una causa que se complica desde el inicio es muy difícil de volver a encaminar”.
Pocas tramas de asesinatos con hipótesis variadas de encubrimientos y pistas falsas se recuerdan tanto como el ocurrido contra los policías bonaerenses Alejandro Vatalaro, Pedro Díaz y Ricardo Torres Barboza, ultimados por medio de cuchillazos y armas de fuego 9 milímetros como las que usa la Policía Bonaerense. Ahora, después de hipótesis que incluyeron el crimen pasional y la detención de varios barrabravas, la causa experimentó un giro inesperado: la participación de dos hijos de agentes de fuerzas de seguridad en el sangriento hecho.
Corría octubre del 2007. Faltaba una semana para las elecciones presidenciales que terminaría ganando la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el tema ocupaba la agenda diaria de todos los medios de comunicación. Pero todo cambió en la madrugada del 19 de octubre, cuando los cuerpos inertes de los tres agentes que cumplían su custodia diaria en la planta de telecomunicaciones en las afueras de la ciudad evidenciaron la saña y la alevosía con la que habían sido rematados mientras estaban durmiendo. A raíz del crimen, los discursos proselitistas del arco opositor al gobierno de Néstor Kirchner buscaron reinstalar el terror mediante la sensación de inseguridad. Y la investigación del triple crimen comenzó a tejer una de las historias más enigmáticas de los últimos tiempos.
En un principio, los móviles y las causas del sangriento episodio, a cargo del juez de Garantías César Melazo, encontraron asidero en la hipótesis pasional planteada por la fiscal Leyla Aguilar. Durante cinco meses, la pista apuntó a Leandro Colucci, empleado del Ministerio de Desarrollo Humano, como un hombre despechado contra su ex, Noelia D’Eramo –también policía–, que habría estado relacionada con Vatalaro. La mujer recibió varios mensajes de texto cuando aún estaban velando a los policías y la noticia no había trascendido: “¿Qué te pasa, loca? ¿Te acuchillaron al nene?”, decía uno. “No te lo acuchillé tanto –agregaba otro–. Y un tiro en la nuca.” Los mensajes de texto, aportados por la ex novia en una denuncia, el dato de que un auto blanco muy parecido al Corsa de Colucci se habría detenido en la puerta de la planta y la existencia de un testigo que realizó un identikit del conductor –idéntico a Colucci– fueron los elementos de los que se valió la fiscal para mandar a prisión durante un par de semanas al supuesto autor de los homicidios.
Por motivos no establecidos, la causa pasó a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien rápidamente le dio otra orientación: narcotráfico. Un testigo se presentó a la Justicia diciendo haber presenciado una reunión en la que había escuchado que una banda mixta de policías y barrabravas habían ido a la planta a robar armas y drogas ocultas allí. La investigación del fiscal Romero duró dos años y posibilitó la orden de detención de Juan Pablo “Papupa” Córdoba, barrabrava de Gimnasia y Esgrima de La Plata, su hermano Juan Pablo (aún prófugo), Miguel Tobar, Pablo Cepeda, Héctor Rivero y Edgardo Zúcaro. También, del policía bonaerense Marcos Casetti, compañero de las víctimas asesinadas (el día del crimen le tocaba el turno mañana). Gracias a estas detenciones, el fiscal Romero pudo cerrar la causa y enviarla a juicio oral.
En el 2009, el triple crimen volvería a dar que hablar. Un video obtenido a través de una “cámara lapicera” mostró al ex policía Casetti en la unidad penitenciaria Nº 9 contando con lujo de detalles cómo había masacrado a sus compañeros de la planta transmisora para robar armas con el plan de usarlas en un atentado contra el entonces ministro de Seguridad, León Arslanian, a una semana de las elecciones. El autor de la grabación fue el también policía Raúl Barnes. Aún hoy no se ha podido establecer cómo llegó a estar alojado durante más de quince días en la misma celda que Casetti. En el video, Barnes le pregunta a Casetti por los planes que supuestamente tenía con Fernando Maciel y Mariano Medina, ambos de 26 años, para poner una bomba en el Ministerio de Seguridad. Maciel es hijo de un comisario, y Medina, de un agente penitenciario. “Fuimos con dos chabones. Dos psicópatas. Uno de ellos militaba en una agrupación de izquierda. Fuimos a robar”, responde Casetti. Aunque el fiscal Romero rechazó las imágenes como prueba, dictó el procesamiento de Barnes, pero esa acusación no prosperó y fue sobreseído.
No conforme con la pesquisa –que estaba a cargo de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), bajo las órdenes del fiscal Romero–, el abogado de “Papupa” Córdoba, Alejandro Montone, pidió que el contenido del video fuera investigado por otra fiscalía. Así fue como la UFIC (Unidad Funcional de Instrucciones Complejas) tomó intervención y ordenó hace poco más de un mes un operativo para retirar muestras de pelos y otros elementos en los domicilios de Maciel y Medina, para realizar análisis de ADN y cotejarlos con la escena del crimen. Los resultados obtenidos imprimieron otro giro a la causa al establecer un 99,98 por ciento de coincidencia con el perfil genético de Maciel. La teoría planteada por el SPB, que involucraba a los barras, fue desechada.
Con estos elementos, la Cámara Penal de La Plata ordenó la liberación de los cinco barras detenidos por falta de pruebas. En cambio, mantuvo en prisión al ex policía Casetti: sus huellas aparecieron en un perfumero hallado en la camioneta policial con la que se escaparon los autores del asesinato. Como si esto fuera poco, el día posterior al crimen, el ex policía denunció la pérdida de su arma reglamentaria, la cual coincide con las balas utilizadas para ultimar a sus tres compañeros.
El pasado viernes 26 de noviembre, mientras ordenaban liberar a los barras, la UFIC pidió la detención de Maciel y de Medina: este último, además de haber mantenido conversaciones por celular con Casetti en las horas previas al crimen, nunca pudo acreditar dónde se encontraba durante la noche sangrienta.
Una vez dictadas las órdenes, libradas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, Maciel y Medina se dieron a la fuga. Al cierre de esta edición eran intensamente buscados.
Con estos argumentos, la Cámara apartaría de la causa al juez Melazo por sostener durante más de tres años una hipótesis falsa, manteniendo a personas inocentes privadas de su libertad.
Fuentes del juzgado que entienden en esta nueva causa relatan que, entre tantas hipótesis investigadas, nadie se anima aún a descartar nada.
A Casetti, que tiene un padre ex policía y un hermano en la fuerza, la pesquisa lo encasilla en el anarquismo. De la casa de Maciel secuestraron una libreta que decía, entre otras cosas: “El gobierno es una mierda, y su herramienta para ejercer su poder es la Policía, lo cual es una mierda, porque le gusta golpear y matar como parte de su trabajo”. Además, fuentes vinculadas a la UFIC sostienen que Maciel, por la cercanía con militantes sociales propia de su trabajo, podría ser el vínculo con Colucci y los otros dos acusados.
Con demasiadas manos en un mismo plato y luego de tres años de investigaciones paralelas, nadie en los pasillos del juzgado de garantías de Masi se anima a asegurar cómo terminará el enigma. Según las fuentes judiciales, “una causa que se complica desde el inicio es muy difícil de volver a encaminar”.
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