Señores Jueces: LEAN ATENTAMENTE

Opinión - por Gustavo Heredia Apuntes sobre el caso Guadalupe El caso Guadalupe es horroroso por dónde se lo mire. Digo esto para luego no tener que dar explicaciones absurdas a gente que se siente con derecho a imponer puntos de vista de toda índole. Lo extraño es que no ha sido el único caso de violencia contra niños que termina en asesinato, sino que antes y después hubo otros dramas que terminaron parecido. Hace año y medio una madre fue encarcelada luego de degollar a su pequeño hijo con un cuchillo de cocina cuando trataba de extorsionar al padre de la criatura. En Villa Mercedes hace pocos meses fue asesinada a puñaladas Giuliana Leal, una nena de diez años cuyo cadáver apareció en un descampado. Al caso Giuliana se lo vinculó con prostitución (adulta e infantil), con una venganza narco y algunos medios denunciaron que la pequeña vivía, literalmente, en la calle. A menos de una semana de asesinada Guadalupe, en Villa Mercedes otra Guadalupe de 4 años padeció la violencia de su padrastro, quien de una patada le fracturó una de sus piernitas. Desafío entonces a quien esto lee a realizar un simple ejercicio cuantitativo del espacio que tuvieron en los medios de difusión el resto de los casos de violencia contra niños, en relación al caos mediático que ha significado el caso Guadalupe. No creo que esté mal usar un caso testigo para cortar con una situación que ya no daba para más y ojala sea Guadalupe la bisagra que ponga en jaque a la desidia con que la justicia, la policía, el gobierno y la sociedad tratan una violencia contra los más débiles ya naturalizada. Lo que sí es cuestionable es estrujar un caso policial en los medios, con intenciones a veces inconfesables. Fue muy impresionante que cuando apareció por Tribunales la abuela de Guadalupe con la intención de trasladar el cadáver de la criatura, la guardia del edificio permitiera a la vez el ingreso de una turba “enfurecida” de mujeres que pretendía lincharla. Lo periodistas sabemos (por haberlo sufrido en cuero propio) que cuando la policía decide impedir el ingreso de alguien a cualquier edificio, lo impide y punto. Recién en el subsuelo de Tribunales la guardia disuadió al grupo de mujeres de hacer justicia por mano propia, mientras la mayoría de las radios emitía en vivo el “enojo” de las manifestantes, quienes sin pelos en la lengua exigían a la policía que les entregara a la abuela desalmada para “encargarse de ella”. Incitaciones al linchamiento hubo estos días y para todos los gustos. Alberto Trombetta convocó a una “pueblada” (intuyo que contra el Poder Judicial) que el viernes fracasó rotundamente (Nota: las puebladas no se convocan, sino que se producen. Es para desconfiar cuando una “pueblada” es convocada desde un medio oficial). También hubo periodistas incitando a los demás presos a linchar a los tres detenidos dentro de la penitenciaría, y en el medio hubo gente común que llamó por teléfono amenazando a los defensores oficiales quienes, ante la ausencia de abogados privados, no tuvieron más remedio que hacerse cargo de las defensas de Miguel Riquelme, Dora Videla y Débora Di Falco. El extremo de la irracionalidad se produjo en el hospital, cuando un grupo de empleados confundió a otro preso con Riquelme y entonces corrieron furiosos a buscar agua hirviendo para ajusticiarlo. El caso Guadalupe ocurrió un domingo y el lunes estalló en los medios de difusión. Los lunes son días duros para tanto movilero desorientado y entonces nada mejor que comenzar la semana con un caso policial, al que luego se pueda estirar todo lo posible. Mejor aún si ese caso tiene como condimentos un poco de prostitución, algo de consumo de drogas, batidos a gusto con las necesarias sospechas sobre algún empresario conocido. Cartón lleno si el caso da para que la manada obtenga varias notas sin salir de Tribunales, o en su defecto: en el bar de la esquina. Desde entonces, ante la incertidumbre de la policía y de los jueces, en los medios todos dijeron de todo, llegando al extremo de vincular a Alejandra Aiello con la apropiación de la hermanita de la nena asesinada. La versión que vinculaba a la empresaria con la apropiación ilegal de Fátima surgió de fuentes judiciales, quienes a su vez se escudaron en una presunta investigación de la policía, quien a su vez se basó en dichos de la abuela de Guadalupe a una radio de Mendoza, donde la mujer aseguró que Fátima había sido vendida por Miguel Riquelme a la hija de un empresario en 20 mil pesos, versiones todas que el juez Sabaíni Zapata se excusó de confirmar o desmentir, asegurando que todo eso era materia de otra investigación en el juzgado de familia correspondiente. El silencio temeroso de las juezas de Familia y de la defensora de Menores sirvió para que se tejieran las sospechas más alocadas. Es curioso que, en los últimos tiempos, la única vez que una jueza de Familia habló con la prensa fue cuando, hace unos años, El Diario de los Rodríguez Saá rigoreó a la jueza Viviana Oste. Como esa vez el Diario la puso a la parrilla, Oste usó a los demás medios para desacreditar la tapa del matutino. A la jueza Bustos casi no se le conoce la cara, mientras que la defensora de Menores ha aprovechado de tal manera su bajo perfil, que incluso llegó al extremo de cruzarse en la calle con un periodista y negar que ella fuera quien es. La excusa de las juezas y de la defensora para no dar explicaciones es que, como hay menores involucrados, ellas no pueden hacer declaraciones. Nadie es tan nabo como para ir a pedirles los nombres y el domicilio de la víctimas, sino que da la impresión de que las juezas temían que se supiera lo que a partir de Guadalupe finalmente se confirmó: que la Comisaría del Menor se resistía a tomar denuncias, que hubo mujeres que denunciaron violencia familiar reiterada y luego terminaron asesinadas, que asistentes sociales fueron a inspeccionar la casa donde vivía Guadalupe, pero que como Miguel Riquelme las atendió en la puerta sin permitirles el ingreso, las asistentes se volvieron a Tribunales dando por cumplida la misión, sin constatar que detrás de esa desvencijada puerta vivían doce personas amontonadas en una habitación, quienes durante un tiempo fueron mantenidas con los magros ingresos que Débora Di Falco obtenía como prostituta callejera. El manejo de la información oficial respecto al caso merece alguna reflexión por parte de los periodistas, como así también de parte de jueces y funcionarios. Los rumores más escabrosos salieron de algunos despachos de Tribunales (que la hermanita de Guadalupe fue apropiada por el propietario de un prostíbulo a cambio de una deuda que mantenía Débora Di Falco con él, que Miguel Riquelme y Dora Videla estaban inscriptos en el registro de Familia Solidaria a la espera de que el gobierno les asignara la guarda de chicos a cambio de dinero, ambos sumados al ya citado más arriba y luego desmentido por la misma Alejandra Aiello) y también del despacho del juez salió el texto completo de la indagatoria que prestó Débora Di Falco. La manera en que cada periodista obtiene información corre por cuenta de su conciencia, y lo que luego hace con ella también, pero en el caso Guadalupe sucedieron dos hechos inéditos: la distribución del texto de la indagatoria por parte de funcionarios judiciales, y la posterior publicación completa de la declaración a través de una página web. Fue el propio juez Jorge Sabaíni Zapata quien envió a la oficina de prensa del Superior Tribunal las 34 páginas de la Indagatoria prestada por Di Falco, con la intención de que los periodistas que allí trabajan resumieran los puntos principales en una nota escueta que se distribuiría luego a todos los medios. En esa indagatoria, que duró casi siete horas, la madre de Guadalupe le había explicado al juez las razones por las que en 2009 llegó a San Luis, acompañada de su madre y de Guadalupe, y ya embarazada de la pequeña Fátima. Di Falco (actualmente de veintiún años de edad) le contó a Sabaíni de que modo brutal ella y su madre chocaron con la realidad, cayendo rápido en la cuenta de que es mentira que en San Luis abunda el trabajo, de que basta con pedirla y el gobierno te da una casa y otras tantas falacias que los Rodríguez Saá desparraman por todo el país en época de elecciones. Di falco aseguró ante el juez que terminó prostituyéndose en la avenida España para juntar unas monedas con las que luego mantenerse ella misma embarazada, a Guadalupe, a la abuela de Guadalupe y al matrimonio Riquelme con sus seis hijos. De la oscuridad callejera de la avenida España Débora paso a desempeñarse en un prostíbulo, pero como allí las ganancias eran todavía más exiguas que las que obtenía en la calle, tuvo que dejar al cuidado de Riquelme y su mujer a la pequeña Guadalupe y entonces los envíos de dinero casi se interrumpieron. Antes de mudarse Débora al prostíbulo nació Fátima, la hermanita de Guadalupe, pero fue asentada en el Registro Civil como hija de Riquelme y Videla, quienes luego le exigieron a Di falco la suma de 2 mil pesos a cambio de la devolución de Guadalupe. Finalmente Di falco narró ante el juez el derrotero posterior de su vida y de la abuela de Guadalupe, a la que tácitamente señaló como responsable de sus actuales desgracias. Con una resumida divulgación de la declaración de la joven, la intención del juez era desalentar la hostilidad contra ella, aflojando la presión de la opinión pública que, de haberla, exigiría la pena de muerte para Débora. La oficina de prensa entonces se vio desbordada por los reclamos de los periodistas, quienes mandados por la defensora de Di Falco reclamaban copia de la declaración. Nidia Sartor, quien esquivó el contacto con la prensa aduciendo llamados telefónicos intimidatorios, no tuvo mejor idea para sacarse a los periodistas cargosos de encima que mandarlos en dirección a la oficina de prensa del Superior Tribunal. Al final del día cada uno se las había rebuscado para obtener copia de los dichos de Di Falco, la mayoría con el compromiso de no divulgarlos para no frustrar prueba futura. Los únicos medios que violaron el pacto fueron la página web Sanluis24 y el programa Estado de Situación, que conduce Alberto Trombetta. Es injusto entonces que se acuse masivamente a la prensa de perjudicar el trámite de una causa con una publicación inoportuna, cuando en realidad la mayoría de los periodistas prefirió resignar dos o tres lectores, pero respetando su palabra. La abuela de Guadalupe acusó a Trombetta de promesas incumplidas a cambio de exclusividad y entonces así como digo dos o tres lectores, puedo decir dos o tres televidentes, ya que el viernes pasado a la siete de la tarde la pueblada convocada desde Canal 13 en la esquina de la Catedral clamaba por asistentes. A pesar de las dos pantallas gigantes y del público cautivo del tontódromo, Trombetta y Fabiana Guastadisegni se tuvieron que conformar con algunos discursos de ocasión, plagados de argumentos remanidos, que solo dejaron en claro que los mensajes de texto y los llamados al canal que esgrime el conductor para dar sustento a sus opiniones, tal vez no sean tantos como asegura. Como decía más arriba, por ahí el caso Guadalupe sirve para sacudirles la modorra a estructuras sociales, policiales y judiciales anquilosadas, y que entonces esa gente entienda que no es una beca ese sueldo que reciben y que el trabajo pendiente es mucho, además de urgente. Me contaba una amiga que en un edificio que queda en la misma manzana de Tribunales, vive una joven con un nene de corta edad. La joven hasta hace unos días no era amable en el tratamiento de la conducta del niño, al que los vecinos describen como bastante travieso. Los moradores del edificio aseguran que habían denunciado en uno de los juzgados de Familia que el chico era constantemente golpeado por la madre y que el llanto de la criatura a veces se extendía por largos espacios de tiempo. Mi amiga asegura que bastó que se destapara el caso Guadalupe, para que policías de la comisaría del Menor y empleados judiciales concurrieran al edificio a entrevistar a todos los vecinos y entonces ocuparse de una buena vez del caso. Por su parte el Superior Tribunal de Justicia difundió el viernes pasado a última hora una resolución en la que “Ante los hechos de público conocimiento donde se han visto afectados los intereses superiores de los niños, el Superior Tribunal de Justicia requirió al Procurador General de la Provincia, que instruya a los Ministerios Públicos de las tres circunscripciones judiciales para que informen y cumplan con celeridad las medidas pertinentes en causas donde menores de edad sean víctimas de violencia familiar, maltrato, abusos sexuales y todo hecho de esta naturaleza”. Ojalá.