NOS TOMARON EL PELO
Daniel Poder o el Jefe de Policia deben aclarar
el chiste publicado en El Diario de San Luis29.8.10
¡APRETAMOS EL POMO Y SALTO EL CHORRO....
NO PUDIERON TAPARLO MAS
La Plana Mayor (o por lo menos varios de sus integrantes) sabían que un "regalon" (por lo menos) era el capo mafia que servía de bisagra en San Luis para darle logística a todos los grandes robos en la zona.
Pero fue Mendoza la que otra vez descubre a los mafiosos.
Al "Tero" y Cía ellos lo desenmascararon y a los de hoy lo mismo.
Ahora tenemos de descubrir a quienes dejaron de sobornar.
Córdoba tiene algunos datos y no sabemos porque no ayuda.¡ Es que el "negocio" que alcanza al Valle del Conlara y sur de aquella provincia es gordo !.-
Veremos si aparece el secretario judicial acusado de narcotraficante...veremos.....(*)
(*)Si quieren conocer el nombre del "regalón" del Palacio de Justicia,entrenen el buscador local de esta pagina y pongan la palabra que refiera al caso,acierten.
Si encontramos el comentario que lo individualiza lo publicaremos,pero el estruendo puede acarrear la caído a un poderoso.
Amicus Curiae
2.9.10 Publicado por CONTROL POPULAR ARGENTINO
¡ TE ACORDAS HERMANO LO QUE DIJIMOS HACE UNOS DIAS ...!
"Más bien creer que ir a averiguar ..."
“Profundo desagrado”
La jueza Esley responsabilizó a la policía de boicotear una investigación divulgando información reservada de la que ni el mismo juzgado tenía conocimiento
29.8.10 (Esto dijimos)
¡APRETAMOS EL POMO Y SALTO EL CHORRO....
NO PUDIERON TAPARLO MAS
La Plana Mayor (o por lo menos varios de sus integrantes) sabían que un "regalon" (por lo menos) era el capo mafia que servía de bisagra en San Luis para darle logística a todos los grandes robos en la zona.
Pero fue Mendoza la que otra vez descubre a los mafiosos.
Al "Tero" y Cía ellos lo desenmascararon y a los de hoy lo mismo.
Ahora tenemos de descubrir a quienes dejaron de sobornar.
Córdoba tiene algunos datos y no sabemos porque no ayuda.¡ Es que el "negocio" que alcanza al Valle del Conlara y sur de aquella provincia es gordo !.-
Veremos si aparece el secretario judicial acusado de narcotraficante...veremos.....(*)
(*)Si quieren conocer el nombre del "regalón" del Palacio de Justicia,entrenen el buscador local de esta pagina y pongan la palabra que refiera al caso,acierten.
Si encontramos el comentario que lo individualiza lo publicaremos,pero el estruendo puede acarrear la caído a un poderoso.
Amicus Curiae
PERIODISTAS EN LA RED
La jueza del Crimen número 1, Mirta Esley, le envió una carta al Jefe de Policía, reprochándole en duros términos la divulgación a través del Diario de la República de información reservada que ni siquiera el juzgado conocía. En la poco amable misiva recibida por el comisario Héctor Rivas, la jueza pone en conocimiento de la policía (resaltado en negrita) “El profundo desagrado de este Tribunal, ante la publicación dada a conocer por el Diario de la República el día 29 de agosto de 2010”. La publicación cuestionada por Esley ventiló los identikits, los nombres y los domicilios de dos sospechosos en el homicidio de un ciudadano de origen paraguayo, hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2009, y cuya investigación se direccionó desde el principio hacia una banda de narcotraficantes. De acuerdo con fuentes del juzgado, luego de la noticia aparecida en el Diario los dos sospechosos huyeron de San Luis.
El reproche de la jueza a la policía sostiene además que en la nota del Diario “se ha mencionado la metodología implementada para llegar a la individualización de los sospechosos, como así también los datos de los supuestos partícipes del hecho, obstruyendo de esta manera el accionar de la justicia, violando el secreto de la investigación, en un expediente de tal importancia, que siempre fue manejado en el marco de la más absoluta reserva. Llamando además poderosamente la atención la mención a una supuesta connivencia que los sospechosos tendrían con miembros del Poder Judicial de San Luis, que aparece en la mencionada publicación”.
En el párrafo final de la recriminación, la jueza Esley intima al comisario Héctor Rivas a que “Inicie de inmediato una profunda investigación administrativa, a los efectos de individualizar al autor o autores que proporcionaron datos de la investigación, sin autorización de este tribunal, investigación que deberá hacerse con carácter de urgente, debiendo remitirse de la misma manera a este tribunal la resolución que ordena la sanción a los infractores a los efectos de la sanción penal correspondiente”.
Rosa María Fajreldines, secretaria del juzgado, explicó el malestar de la jueza a partir de que “La causa es muy complicada y tiene nueve cuerpos. La investigación se llevó a cabo en el más absoluto silencio. Algunas pericias carísimas fueron pagadas con presupuesto del Poder Judicial y la verdad, nos ha desconcertado la irresponsabilidad de la Policía en ventilar a través del Diario información de la causa que ni el mismo juzgado conocía. Casi me muero cuando veo en el Diario a los presuntos autores del homicidio porque yo no los había visto nunca, como así también los domicilios y otros datos que tampoco eran conocidos por su Señoría.”
“Al principio de la investigación uno de los oficiales afectados le pidió a la jueza autorización para ventilar información en los medios, pero la jueza negó ese permiso. Sin embargo al otro día la información salió lo mismo. Esto me resulta una repetición de lo anterior” acusó Fajreldines, “incluso, como ya había sido elevado el sumario, la policía no tenía razones para intervenir. No nos explicamos cómo es que la policía interviene en un sumario ya elevado, violando el secreto sumarial. Tenemos la información de que luego de la publicación los sospechosos abandonaron la provincia”, concluyó la secretaria.
“Profundo desagrado”
La jueza Esley responsabilizó a la policía de boicotear una investigación divulgando información reservada de la que ni el mismo juzgado tenía conocimiento
29.8.10 (Esto dijimos)
¡APRETAMOS EL POMO Y SALTO EL CHORRO....
NO PUDIERON TAPARLO MAS
La Plana Mayor (o por lo menos varios de sus integrantes) sabían que un "regalon" (por lo menos) era el capo mafia que servía de bisagra en San Luis para darle logística a todos los grandes robos en la zona.
Pero fue Mendoza la que otra vez descubre a los mafiosos.
Al "Tero" y Cía ellos lo desenmascararon y a los de hoy lo mismo.
Ahora tenemos de descubrir a quienes dejaron de sobornar.
Córdoba tiene algunos datos y no sabemos porque no ayuda.¡ Es que el "negocio" que alcanza al Valle del Conlara y sur de aquella provincia es gordo !.-
Veremos si aparece el secretario judicial acusado de narcotraficante...veremos.....(*)
(*)Si quieren conocer el nombre del "regalón" del Palacio de Justicia,entrenen el buscador local de esta pagina y pongan la palabra que refiera al caso,acierten.
Si encontramos el comentario que lo individualiza lo publicaremos,pero el estruendo puede acarrear la caído a un poderoso.
Amicus Curiae
PERIODISTAS EN LA RED
La jueza del Crimen número 1, Mirta Esley, le envió una carta al Jefe de Policía, reprochándole en duros términos la divulgación a través del Diario de la República de información reservada que ni siquiera el juzgado conocía. En la poco amable misiva recibida por el comisario Héctor Rivas, la jueza pone en conocimiento de la policía (resaltado en negrita) “El profundo desagrado de este Tribunal, ante la publicación dada a conocer por el Diario de la República el día 29 de agosto de 2010”. La publicación cuestionada por Esley ventiló los identikits, los nombres y los domicilios de dos sospechosos en el homicidio de un ciudadano de origen paraguayo, hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2009, y cuya investigación se direccionó desde el principio hacia una banda de narcotraficantes. De acuerdo con fuentes del juzgado, luego de la noticia aparecida en el Diario los dos sospechosos huyeron de San Luis.
El reproche de la jueza a la policía sostiene además que en la nota del Diario “se ha mencionado la metodología implementada para llegar a la individualización de los sospechosos, como así también los datos de los supuestos partícipes del hecho, obstruyendo de esta manera el accionar de la justicia, violando el secreto de la investigación, en un expediente de tal importancia, que siempre fue manejado en el marco de la más absoluta reserva. Llamando además poderosamente la atención la mención a una supuesta connivencia que los sospechosos tendrían con miembros del Poder Judicial de San Luis, que aparece en la mencionada publicación”.
En el párrafo final de la recriminación, la jueza Esley intima al comisario Héctor Rivas a que “Inicie de inmediato una profunda investigación administrativa, a los efectos de individualizar al autor o autores que proporcionaron datos de la investigación, sin autorización de este tribunal, investigación que deberá hacerse con carácter de urgente, debiendo remitirse de la misma manera a este tribunal la resolución que ordena la sanción a los infractores a los efectos de la sanción penal correspondiente”.
Rosa María Fajreldines, secretaria del juzgado, explicó el malestar de la jueza a partir de que “La causa es muy complicada y tiene nueve cuerpos. La investigación se llevó a cabo en el más absoluto silencio. Algunas pericias carísimas fueron pagadas con presupuesto del Poder Judicial y la verdad, nos ha desconcertado la irresponsabilidad de la Policía en ventilar a través del Diario información de la causa que ni el mismo juzgado conocía. Casi me muero cuando veo en el Diario a los presuntos autores del homicidio porque yo no los había visto nunca, como así también los domicilios y otros datos que tampoco eran conocidos por su Señoría.”
“Al principio de la investigación uno de los oficiales afectados le pidió a la jueza autorización para ventilar información en los medios, pero la jueza negó ese permiso. Sin embargo al otro día la información salió lo mismo. Esto me resulta una repetición de lo anterior” acusó Fajreldines, “incluso, como ya había sido elevado el sumario, la policía no tenía razones para intervenir. No nos explicamos cómo es que la policía interviene en un sumario ya elevado, violando el secreto sumarial. Tenemos la información de que luego de la publicación los sospechosos abandonaron la provincia”, concluyó la secretaria.
Especial para Periodistas en la red: Gustavo Heredia
flac0heredia@hotmail.com
flac0heredia@hotmail.com
7.6.09
OJO CON LOS TRAFICANTES DE CUELLO DURO
Y no se sorprenda que acá puede haber imitadores,
que se peinan tambien con gomina.
El hermano de un fiscal federal fue condenado a cinco años y medio de prisión acusado de integrar una banda de narcotraficantes, que intentó traficar a Holanda 140 kilos de cocaína disimulados en 12.000 bolsas de jabón en polvo.
El cargamento con la droga fue descubierto por funcionarios de la Aduana y oficiales de la Policía Federal en la terminal portuaria Exolgan, en Dock Sud, el 17 de enero de 2007.
Augusto Amirante, hermano del fiscal federal porteño Oscar Amirante, es licenciado en Ciencias Económicas y técnico en Comercio Exterior. Fue acusado de haber estado a cargo de la idea, dirección, organización, y realización de la maniobra, informaron fuentes judiciales.
Además de Amirante fueron condenadas otras cuatro personas que recibieron penas de entre tres años de prisión en suspenso hasta ocho años de cárcel de cumplimiento efectivo.
El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) Nº 3, comenzó el 26 de marzo pasado y finalizó el miércoles último.
Entre los condenados hay dos integrantes de la Policía Federal: los hermanos Raúl y Rodolfo Nasello. Ambos, con antecedentes penales por narcotráfico, deberán cumplir siete años de prisión.
El condenado también es ingeniero industrial, con trayectoria vinculada al Comercio Exterior. Trabajó en importantes empresas automotrices internacionales.
La persona que recibió la mayor condena es Valerio Berti, que deberá estar ocho años en prisión.
El operativo, denominado "Jabón blanco" fue descubierto en la gestión del actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, cuando estaba al frente de la Aduana, que actuó de querellante en el juicio.
PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO
A no extrañarse.Mexico contagia a quienes ocupan posiciones claves y aburridos que simples sicarios se hagan millonarios.
"LA TENTACIÓN HACE AL LADRON"
19.3.07
ESTAMOS PRISIONEROS DE NUESTROS "CUSTODIOS"
NO HAY BANDA QUE NO TENGA CONEXION POLICIAL
La policía y la droga
LA sospecha generalizada acerca de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en acciones delictivas ha cobrado mayor cuerpo en los últimos tiempos. Dicha circunstancia genera un grave problema institucional, toda vez que los protagonistas de esos hechos son quienes deben velar por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, los malos ejemplos abundan.
Hace pocos meses, dos altos jefes de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Zarate-Campana fueron detenidos por orden del juez federal de dicha jurisdicción, acusados de tener vínculos con una banda de narcotraficantes.
Más recientemente, dentro del operativo Oro Blanco, se anunció el decomiso de 520 kilogramos de cocaína y más tarde se comprobó que esa cantidad se había reducido sorpresivamente a 311 kilos, según lo determinó el pesaje que realizó Gendarmería Nacional por pedido del juez de la causa, quien se comprometió a investigar si había existido un faltante de droga. El caso involucró a la policía bonaerense, que frustró la operación al detener un camión procedente de Santiago del Estero.
Ahora, la atención está dirigida hacia el norte del país, donde hace pocos días ocurrió un confuso episodio que tuvo como protagonistas a cuatro policías federales que iban a bordo de un vehículo perteneciente a la Delegación Salta de la Policía. Al sufrir un accidente, quedó al descubierto que en el auto había 116 kilogramos de cocaína con destino incierto. Los policías están detenidos a disposición del juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, y las circunstancias y los hechos que se conocen del caso exigen una rápida y contundente aclaración de todos y cada uno de ellos, así como una completa explicación sobre la actuación que tuvieron los agentes del orden.
Los policías dijeron que la droga correspondía a un procedimiento hecho en Salvador Mazza, en el cual no se había detenido a ninguna persona y que esa sustancia era trasladada a la ciudad de Salta, supuestamente por orden del juez federal de Oran, Raúl Reynoso. Después se comprobó que en el libro de novedades de la delegación salteña no se había asentado ningún procedimiento que culminara con el secuestro de la droga, como tampoco los movimientos del personal policial que condujeron a ese operativo. Asimismo, el doctor Reynoso manifestó que no había impartido directiva alguna en cuanto al traslado de la droga, aunque sí se le había informado de un procedimiento sin que se le diesen mayores detalles de la droga secuestrada.
Resulta imprescindible despejar las graves dudas planteadas a partir de las inconsistencias e inexactitudes respecto de la actuación de los funcionarios policiales involucrados con los 116 kilos de cocaína. Para ello, no sólo será necesario esperar a que se resuelva la cuestión de competencia planteada entre los jueces federales intervinientes, sino también impedir que se obstaculice la investigación para determinar las responsabilidades de los policías.
Cuando quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana defraudan la confianza de la sociedad, no sólo se pierden la credibilidad y el prestigio en la fuerza policial y en el propio Estado, que no la controla; también se rompe uno de los pilares en los que se asienta la convivencia social. El narcotráfico ha mostrado, una vez más, su poder corruptor, capaz de comprar voluntades y penetrar en instituciones y estructuras del Estado que fueron creadas para combatirlo.
LA sospecha generalizada acerca de la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en acciones delictivas ha cobrado mayor cuerpo en los últimos tiempos. Dicha circunstancia genera un grave problema institucional, toda vez que los protagonistas de esos hechos son quienes deben velar por el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, los malos ejemplos abundan.
Hace pocos meses, dos altos jefes de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Zarate-Campana fueron detenidos por orden del juez federal de dicha jurisdicción, acusados de tener vínculos con una banda de narcotraficantes.
Más recientemente, dentro del operativo Oro Blanco, se anunció el decomiso de 520 kilogramos de cocaína y más tarde se comprobó que esa cantidad se había reducido sorpresivamente a 311 kilos, según lo determinó el pesaje que realizó Gendarmería Nacional por pedido del juez de la causa, quien se comprometió a investigar si había existido un faltante de droga. El caso involucró a la policía bonaerense, que frustró la operación al detener un camión procedente de Santiago del Estero.
Ahora, la atención está dirigida hacia el norte del país, donde hace pocos días ocurrió un confuso episodio que tuvo como protagonistas a cuatro policías federales que iban a bordo de un vehículo perteneciente a la Delegación Salta de la Policía. Al sufrir un accidente, quedó al descubierto que en el auto había 116 kilogramos de cocaína con destino incierto. Los policías están detenidos a disposición del juez federal de Jujuy, Mariano Cardozo, y las circunstancias y los hechos que se conocen del caso exigen una rápida y contundente aclaración de todos y cada uno de ellos, así como una completa explicación sobre la actuación que tuvieron los agentes del orden.
Los policías dijeron que la droga correspondía a un procedimiento hecho en Salvador Mazza, en el cual no se había detenido a ninguna persona y que esa sustancia era trasladada a la ciudad de Salta, supuestamente por orden del juez federal de Oran, Raúl Reynoso. Después se comprobó que en el libro de novedades de la delegación salteña no se había asentado ningún procedimiento que culminara con el secuestro de la droga, como tampoco los movimientos del personal policial que condujeron a ese operativo. Asimismo, el doctor Reynoso manifestó que no había impartido directiva alguna en cuanto al traslado de la droga, aunque sí se le había informado de un procedimiento sin que se le diesen mayores detalles de la droga secuestrada.
Resulta imprescindible despejar las graves dudas planteadas a partir de las inconsistencias e inexactitudes respecto de la actuación de los funcionarios policiales involucrados con los 116 kilos de cocaína. Para ello, no sólo será necesario esperar a que se resuelva la cuestión de competencia planteada entre los jueces federales intervinientes, sino también impedir que se obstaculice la investigación para determinar las responsabilidades de los policías.
Cuando quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana defraudan la confianza de la sociedad, no sólo se pierden la credibilidad y el prestigio en la fuerza policial y en el propio Estado, que no la controla; también se rompe uno de los pilares en los que se asienta la convivencia social. El narcotráfico ha mostrado, una vez más, su poder corruptor, capaz de comprar voluntades y penetrar en instituciones y estructuras del Estado que fueron creadas para combatirlo.
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